Desde la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria exigimos al Estado, en todos sus niveles, que garantice la integridad de aquellxs que defienden nuestros bienes comunes y se enfrentan al agronegocio, nos solidarizamos con las familias perseguidas y repudiamos todo tipo de agresión hacia lxs activistas ambientales.
Nuestra compañera, Sabrina Ortiz, viene sufriendo hechos de intimidación de extrema gravedad. Parece que no fue suficiente para ella haber perdido un embarazo por los venenos, dos accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de sus hijxs o el daño genético de toda su familia. Ahora es revictimizada mediante distintos tipo de amenazas: una de las hijas de uno de los procesados entró en la casa de sus padres amenazando con prenderla fuego y diciendo que iba a matar a Sabrina, su padre sufrió un atentado en la ruta que casi le cuesta la vida, a Sabrina la persiguen constantemente (igual que a su familia), sufrió un atentado en su propio auto que la pudo haber matado en la ruta. En su casa dejaron flores, tierra y ceniza de modo mafioso, le dispararon a su casa, le mataron a su perro de un tiro… La denuncia de todo esto ya está hecha, algunas personas ya están identificadas. Uno de los procesados mandó a decirle que le iba a dar un tiro en la espalda y que la iba a dejar paralítica.
En la misma provincia, en el municipio de La Matanza, conurbano bonaerense, Erika Gebel sufre de intimidaciones en las cercanías de su domicilio por denunciar el agronegocio desde la Asamblea de Vecinxs Envenenadxs por Glifosato en La Matanza.
Esta situación está lejos de circunscribirse a la provincia de Buenos Aires: Rubén Lassaga, cura de la Opción por los Pobres del Departamento Pellegrini en Santiago del Estero, fue amenazado de muerte mediante un mensaje de whatsapp. También por defender el territorio y enfrentarse al agronegocio.
Este modelo agroindustrial es criminal por naturaleza. El corrimiento de la frontera agropecuaria continuará presionando sobre los territorios y sus poblaciones. Estas seguirán defendiéndose. Es una cuestión de supervivencia.
¿De qué sirve incorporar el Acuerdo de Escazú a la legislación nacional en este contexto? Necesitamos que se cumplan las normas que ya se encuentran vigentes. Seguir redactando letra muerta para la tribuna no es una opción.
Nos solidarizamos con Sabrina, Erika y Rubén. No están solos.
Hacemos responsables al Estado por la integridad física de ellxs y de sus familiares.
Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA).
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